Premiado un artículo de la UPCT que alerta a las empresas del peligro de no contar con un director de cumplimiento

La Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas (AECA) ha seleccionado entre los artículos científicos que premia cada año uno de los investigadores de la UPCT Isidoro y Manuela Guzmán Raja, en el que abogan por desarrollar en las empresas la figura del ‘compliance officer’, responsable de implementar los programas que eximen a las compañías de responsabilidades penales.

Los hermanos Guzmán Raja, que por separado ya habían sido distinguidos anteriormente en los premios de la AECA, recuerdan en su trabajo que la reforma del Código Penal de 2010 estableció por vez primera en España el régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas, y que su modificación en 2015 contempló como principal novedad la dispensa de tal responsabilidad criminal condicionada al establecimiento de un programa de ‘compliance’, entendido como el conjunto de procesos, procedimientos, medidas y controles dirigidos a la prevención de riesgos de conformidad con la normativa aplicable.

“El mundo empresarial se mueve cotidianamente en un colosal entramado de normas legales de todo tipo y condición, que exige aplicar criterios de gobierno diligente para evitar incumplimientos normativos que puedan acarrear graves consecuencias para las empresas como sujetos de responsabilidad penal”, razonan en su artículo.

“Muchos directivos no son conscientes de los perjuicios que puede acarrear a su empresa la carencia de un programa de cumplimiento o ‘compliance’, y sólo una de cada diez tiene implementado un modelo adecuado, pese a que, tras la reforma del Código Penal de 2015, las sanciones contra empresas por incumplimientos legales han supuesto la imposición de multas por un valor superior a 2.000 millones de euros en los últimos cinco años”, señala Isidoro Guzmán.

“Es patente la necesidad de que las empresas dispongan de personal cualificado para dar respuesta al cumplimiento normativo en pos de evitar su responsabilidad penal”, abunda Manuela Guzmán. “No tienen obligación legal, pero deberían hacerlo para evitar males mayores”, añade Isidoro, para quien “la profesión del ‘compliance officer’ demanda el establecimiento de una carrera profesional específica, a la que debería dar respuesta el sistema universitario español”.